Condena a muerte de subvencionados laicos
El Gobierno ha enviado al final sus últimas correcciones (indicaciones)
a su primer proyecto para reformar la educación. La mayoría de la gente está
confundida, no entiende en qué consiste, para dónde va ni quién tiene
razón. Me preguntan que opino yo que estoy metido en el sector.
Mi
respuesta es que estoy profundamente decepcionado de que un Gobierno
progresista y libertario, por el que yo voté, termine insistiendo en terminar
con la educación escolar de particulares para los pobres con dinero del Estado.
Lo mismo que se hace en muchos otros sectores, no se podrá hacer para proveer educación sin
ser considerado un delincuente.
He
revisado las indicaciones entregadas por el Gobierno y opino que el Gobierno decreta el fin de los colegios
particulares subvencionados no religiosos. Establece su muerte lenta en 20 años
sin compensar por lo invertido y aportado por ellos a la sociedad, excepto que el Estado decida adquirirlo como
único comprador a un precio fijado por él mismo. Las consecuencias de semejante arbitrariedad
no pueden sino ser una enorme pérdida para el país.
Hay “avances”,
como se ha dicho, pero sólo para el
sector de educación ligada a la Iglesia. Para la educación particular
subvencionada laica es el fin por agonía lenta.
Los colegios
laicos, que son la mitad de la matrícula de los casi 6 mil colegios
particulares subvencionados, van a desaparecer por la vía de cerrarse o ser
adquiridos para ser administrados por el Estado. Los que creen que eso no
ocurrirá se equivocan; será cosa de tiempo. La consecuencia será más establecimientos administrados como los
municipales de hoy. Por eso, las aparentes “concesiones” que hace el
Gobierno, como declarar a los privados
como “cooperadores del Estado en la prestación del servicio” en vez de
“administradores”, son solo
un cambio semántico para intentar apaciguar apoderados; una cubierta dulce para
la píldora letal. A su vez, extender
el copago por unos años, siendo fijado por el Ministerio, y permitir
la postulación en los colegios en vez de la obligación de hacerlo
centralizadamente en el Estado, son concesiones menores al lado de condenar a muerte
a los colegios no religiosos.
Esta
negativa propuesta del Gobierno
llevará a un desgastante conflicto político-ideológico
para aprobarse. Y probablemente terminen
en el Tribunal Constitucional por discriminar entre entidades análogas. Después se traducirá en interminables juicios en los tribunales por
demandas de los damnificados por las expropiaciones o compra-ventas obligadas
de colegios por el Estado a precios inferiores al de mercado.
Todo esto
llevará a desaliento, incertidumbre y
paralización de inversiones e innovaciones que repercutirá negativamente sobre
la enseñanza de muchos establecimientos subvencionados que lo hacen bien, y sin
agregar nada para que los colegios actualmente deficientes lo hagan
mejor. Habrán logrado quitarle los patines a los que todavía patinan,
para dejar más niños sin aprender a patinar.
Ernesto Tironi
B.
Publicado en El Mercurio, 10 de Septiembre 2014