Para una Constitución 2.0

Ernesto Tironi B. 25-8-2

         Si de algo estamos seguros para después del Plebiscito, es que se deberá continuar el proceso para proponerle un nuevo texto constitucional al país. Las dudas principales serían dos: primero, si se continuará a partir de un Rechazo o Apruebo del texto de hoy. Y segundo, cómo se continuaría, si eligiendo nuevos convencionales, si elegidos igual que antes o no, si convocar a expertos, etc. Lo clave, me parece ser, ¿qué llevaría a una mejor Versión 2.0 que sea aprobada por una mayoría sustantiva, tipo 65%?

         No da lo mismo que gane Rechazo o Apruebo por el hecho de que el proceso vaya a continuar. Si gana Apruebo los cambios serán mínimos y la implementación al máximo en brevedad de plazos y contenidos. El parlamento estaría más inclinado a dictar leyes de implementación más favorables al texto actual. Esto impulsado además por la energía y euforia del gobierno desatada después de un triunfo difícil. Pienso que una mayoría de los electores no quieren eso y por eso ganará el Rechazo. La etapa siguiente es cómo continuar desde allí el proceso para que la Versión 2.0 genere más aprobación.

Para decidir eso, sería conveniente especificar qué hemos aprendido del esfuerzo hecho hasta ahora. Por mi parte destacaría: 1) Es muy complejo diseñar una buena constitución y conseguir que sea aprobada por una mayoría sustantiva. 2) El electorado chileno no aprobará cualquier constitución, incluso aunque se diga equivocadamente que viene a reemplazar una hecha por cuatro generales. 3) La aceptabilidad de un texto no dependerá sólo de la legitimidad de origen de los convencionales redactores, ni del esfuerzo que le hayan puesto a la tarea. Necesitan probablemente también otras habilidades o competencias como capacidad de diálogo, apertura, conocimientos técnicos y experiencia práctica. Como éstos, debe haber más criterios que considerar para un mejor nuevo proceso.

Con respecto a los contenidos necesarios para una buena nueva constitución, es decir, una que nos una y suscite un respaldo claramente mayoritario y deje espacio y no heridos a los minoritarios, estimo fundamental que el texto propuesto no genere tanta incertidumbre a nuestra cansada población. Y además que atienda más directamente los problemas que la gente estima prioritarios en su vida cotidiana. Me refiero a los problemas de delincuencia, empleo, atención de salud, educación y pensiones. Que asegure derechos como los propuestos, pero junto con facilitar los medios, también económicos, para hacerlos reales.

Votaré rechazo no sólo porque la Convención propone un mal texto, que puede poner en peligro incluso nuestra democracia, como han destacado incluso personeros reconocidamente de izquierda. Lo haré por las buenas razones que ha puesto de manifiesto especialmente el “Grupo de los Amarillos”, al que he pertenecido desde el inicio. No parece necesario volver a repetirlos a esta altura.

 

            Votaré rechazo, además, porque el texto propuesto ignora los dos problemas más importantes que han tenido postergado el progreso y el avance hacia más justicia social en Chile los últimos 15 años. Los mismos que harían que el texto propueste entregue sólo derechos nominales o teóricos. Considero que son, uno, el mal funcionamiento de nuestro sistema político que genera más confrontación que cooperación entre el Ejecutivo (Presidente) y el Parlamento. Esto ha impedido dictar buenas leyes a tiempo para mejorar las pensiones, la educación, la salud, etc.  Esto implicaría nuevas normas para que los Partidos Políticos se fortalezcan en relación a sus propios parlamentarios, para limitar las agendas propias de estos últimos. Eso pasa por medidas que solamente puede dictar una nueva constitución, porque los parlamentarios jamás aprobarán medidas que restrinjan sus privilegios económicos y políticos. Pasa por reducir el número de los 20 partidos representados hoy en el parlamento. Y bajar los sueldos de los congresistas que hoy superan en más de 12 veces el sueldo promedio de los chilenos.  Necesitamos que las leyes sean decididas por personas con alta capacidad y vocación de servicio desinteresado al país por un tiempo limitado. No personas que hacen de la política una profesión con elevadas remuneraciones, que buscan inevitablemente conservar. Habría que profesionalizar más al Congreso como institución, dotándolo de una Oficina de Estudios y Evaluación de leyes, con alto nivel técnico e independencia. Que pueda analizar e informar sobre Proyectos de Ley y recomendar reformular leyes y programas públicos deficientes u obsoletos.

            El otro problema no abordado por el texto que votaremos el 4/9 es la modernización del Estado para que entregue mejor atención en todos los servicios que provee. No puede ser que en estos tiempos digitales y de teletrabajo todavía tengamos centenares de oficinas públicas y municipales que atienden sólo en la mañana o exigen a los usuarios hacer largas colas durante horas. El gasto público y sus impuestos para financiarlos han crecido de 1,630 dólares por habitante al año en 2005-6 a 3,880 dólares el 2018-19 (antes de la pandemia). ¿Ha mejorado en la misma proporción la cantidad y calidad de los servicios públicos entregados? Estamos muy lejos de eso. La gente lo sabe, lo resiente, pero ignora la principal causa de ese déficit. Urgen disposiciones de rango constitucional para una gestión del Estado más eficiente al servicio directo de la gran mayoría de los chilenos. 

            Necesitamos un mejor Estado también para encuadrar bien a las empresas privadas. Para que no abusen, sino que produzcan servicios y bienes de calidad con respeto estricto por su entorno. Para asegurar una competencia sana y efectiva. Sólo un buen Estado puede orientar el operar de las empresas hacia el bien común. Un Estado fuerte por lo musculoso y rápido; no uno gordo, lento y débil, a menudo carcomido por la corrupción.

Para todo eso, para reducir la violencia, mejorar nuestra convivencia en general, nuestra calidad de vida y nuestra unidad como nación es que necesitamos una nueva mejor constitución.