Gobierno corporativo para Codelco

Hoy Codelco, la mayor empresa del país y clave para todos los chilenos, no tiene un gobierno corporativo moderno. Ni siquiera tiene un verdadero Directorio. Ahora se anuncian reformas al gobierno de empresas privadas, con mayor razón antes debiera dotar a Codelco de un sistema de dirección moderno.

Actualmente Codelco tiene por ley un directorio formado por ministros de Estado (Minería y Hacienda), representantes de las FFAA, dirigentes sindicales y un par más, todos elegidos por el Presidente de la República. Aquí está la primera deficiencia del actual sistema: cada director le debe lealtad no sólo a la empresa, sino a quien lo eligió. Responde al mercado político; no al mercado bursátil. Ante cualquier conflicto de interés, en cada director va a predominar su interpretación de lo mejor para el o la Presidente o para el sector de donde proviene (sindicato, partido, etc.). No el bien de la empresa exclusivamente, como con sabiduría lo establece la Ley de Sociedades Anónimas, en que los directores se deben sólo a ella, independiente de quien lo eligió. Y responde con su patrimonio si no administra la empresa como administraría sus propios activos.

El segundo problema es el corto plazo por el cual los directores son elegidos: lo que dure el gobierno. En las sociedades anónimas lo normal es que los directores duren décadas, y los reemplazos se produzcan escalonados, dando estabilidad y un criterio de largo plazo a su gestión de dirección.

La tercera gran deficiencia actual, es que el Directorio no elige al Gerente General (Presidente Ejecutivo en Codelco) con plena autonomía. Entonces el Directorio no ejerce su rol esencial de exigir a la administración elevar al máximo el valor de la empresa en el largo plazo. Esto tiene como consecuencia que, aunque el Directorio desarrollara una visión y plan de largo alcance, no tiene poder para exigir que se implante. Así, la empresa se orienta demasiado al corto plazo porque el Gerente/Presidente destina una parte excesiva de su tiempo a contingencias de tipo sindical, local y político. Y no tiene el apoyo suficiente para medidas riesgosas como comprar otras empresas y menos en el extranjero.

La cuarta deficiencia del actual gobierno corporativo es que Codelco no reúne al más competente equipo de ejecutivos y gerentes que podría tener una empresa de tal importancia para el país. Simplemente, en el marco actual no atrae a los mejores ni permite que sus ejecutivos den todo lo mejor de sí mismos. Un dato objetivo: hace 30 años atrás casi todos los mejores alumnos de las mejores universidades del país querían trabajar en Codelco. Hoy día Codelco sería quinta prioridad. ¿Por qué? Por tres motivos centrales: no tiene tanto prestigio, no encontrarán colegas de nivel superior, ni tendrán las oportunidades de seguir aprendiendo y desarrollándose profesionalmente con la empresa como lo lograrían en compañías privadas.

Lo que tiene en peligro a Codelco como empresa competitiva es la falta del clima adecuado para que un management de excelencia la impulse a la cima de su capacidad. Claridad de hacia dónde llevar la empresa, autonomía para hacerlo, apoyo del dueño, motivación y espacio para asumir riesgos. Hoy, la prioridad es no cometer errores. Así, hay más estudios y vueltas que acción. Las empresas las hacen su gente.

¿Hay solución? Si; derechamente transformar CODELCO en una sociedad anónima, manteniendo por norma constitucional que como mínimo 80% del capital sea de propiedad estatal. Pero que hasta 20% de las acciones puedan ser adquiridas solamente por las AFPs, es decir, por los trabajadores chilenos. Así despejamos de una vez el fantasma del intento de privatizar. Enseguida, dotar a CODELCO de un Directorio de 5 miembros independientes del más alto nivel, de los cuales al menos uno sea elegido por las AFPs. Que el Directorio elija con plena autonomía al Gerente General para conducir su management que deberá reportar exclusivamente al Directorio. En otra columna espero detallar más esta propuesta y sus ventajas. No tenemos más tiempo que perder. Se necesita una renovación radical de su alta dirección, una liberación de energía innovadora y una cancha bien marcada donde corran los líderes de excelencia responsables de encabezar la nueva CODELCO CHILE S.A.

Aparecido en El Mercurio el 20/12/07

El fin al lucro, ¿Es la vía hacia una mejor educación?: El aporte de la competencia y la mano invisible

El Gobierno ha presentado un proyecto para reemplazar la actual ley de educación –la famosa LOCE- basada principalmente en tres pilares: más exigencias para ser sostenedor particular, terminar con la selección de alumnos y fin al lucro en la educación escolar.

Aumentar los requisitos para tener colegios que reciban subvención me parece muy adecuado, aunque para que ello mejore la calidad, el requisito principal debiera ser superar cierto estandard mínimo de calidad (cierto puntaje SIMCE p.ej. y otros factores objetivo). Obvio; pero no es eso lo que el proyecto hace. Lo de la selección me parece una equivocación porque debilita el compromiso de colegios y padres en la tarea educativa.

Me concentraré aquí en analizar si poner fin al lucro obligando a los sostenedores privados a transformar sus colegios en fundaciones mejorará la calidad de la educación: Mi respuesta es claramente: No. Por a lo menos cuatro razones.

Primero, porque es un remedio de alto riesgo de que mate al paciente. Ya la incertidumbre está paralizando la inversión en nuevos colegios. Está debilitando al sector. Podría resultar en un cambio cosmético; pero también podría ir poniendo fin a la existencia de establecimientos particulares subvencionados. Algunas autoridades han dicho que no es esa su intención. Puede no serla, pero eso no cambia sus consecuencias, y éstas son las que cuentan a la larga. Dicen que sólo buscan que se reinviertan todos los excedentes en educación. Lo siento; no se logrará con esa medida. ¿Acaso creen los autores del proyecto que si exigen a dueños de colegios ir a una Notaría y cambiar la Escritura de la Sociedad que los controla, entonces van a reinvertir más? No funciona así el mundo, ni la economía. Si los dueños quisieran llevarse las utilidades para su casa en vez de reinvertir en educación, igual lo podrán hacer, y viceversa.

La forma correcta para que los dueños de colegios y nuevos emprendedores inviertan en educación, sería que en este rubro se obtenga una rentabilidad “normal”. Esto es, que ganen lo que obtendrían poniendo su dinero en Fondos de Renta Fija más el monto necesario para compensar por el riesgo asumido. Algo alrededor de 10 a 15% anual en Chile hoy. ¿Cómo se logra que no exceda esto?: Asegurando suficiente competencia entre colegios. El Estado (en este caso el Ministerio de Educación) tendría mucho que contribuir a generar más competencia. Por ejemplo, instando a los apoderados a cambiar a sus hijos/as a los mejores colegios, entregándoles los puntajes que obtienen los mejores y peores de su vecindario. Entregando los resultados de las pruebas SIMCE por alumno, además de por colegios, y enviándoles las notas o puntajes a los padres por carta a sus casas (también podría hacerlo por Internet). Y además entregándolas en el plazo de un mes (en el mismo año escolar en que se toman) y no 6 meses después.

Muchos piensan que la competencia puede servir para regular otros sectores, pero no la educación escolar. Argumentan que los padres no sacan a un hijo de su colegio porque éste sea más caro o de menor calidad que otro. No conozco estudios que lo demuestren, en cambio me consta que muchos colegios particulares subvencionados tienen una rotación anual de su matrícula superior al 20%. ¡No toda es por alumnos que están cambiando de barrio! Son en buena parte apoderados buscando una mejor opción, ¡y la consiguen!

Pero además, la competencia no se genera sólo por el traslado de los consumidores (o sea de alumnos) sino también por el desplazamiento de los oferentes: los colegios. Un sostenedor estaba muy contento con el suyo creciendo al ritmo de agregar un nivel adicional por año, con los cursos llenos, porque era el único colegio en el barrio San Gerónimo de Puente Alto. Pero otro sostenedor privado que vio esa oportunidad e instaló otro colegio al lado cobrando una mensualidad 60% más baja que el primer colegio! ¿Qué creen ustedes que pasó? Exactamente lo que imaginan: el nuevo establecimiento le quitó un tercio de los alumnos. Pero no sólo eso: para defenderse el primer colegio tuvo que bajar su mensualidad a la mitad. Adios al excedente que esperaban; a invertir de nuevo. ¿Y quién ganó? Los apoderados de ambos colegios.

La competencia se ha usado poco hasta ahora, excepto para generar cobertura escolar (lo que se ha logrado en gran parte gracias a los privados). Pero no ha existido para producir calidad, porque no los incentivos no estaban diseñados para esto.

En resumen, el Proyecto de Ley del Gobierno está mal concebido por gente que no comprende el comportamiento de sistemas complejos de múltiples oferentes y usuarios libres. Es más planificación estilo Transantiago. No necesito explicar las consecuencias que puede tener.



Hay una segunda razón porqué ese proyecto no logrará mejorar la calidad de la educación. Es porque NO se dirige a superar la principal falencia de nuestro sistema escolar: no contribuye a capacitar a los profesores para hacer mejores clases dentro de sus aulas.

Se requiere re-entrenar profesores y supervisar que están enseñando lo que deben (y no lo que pueden) y que los niños/as están efectivamente aprendiendo lo que establecen los programas diseñados para el mundo de hoy. Se necesita una gestión centrada en exigir y evaluar independientemente estos aprendizajes al nivel de cada curso. Esto exige esfuerzos, incentivos o castigos por fracaso que sólo administradores de colegios muy comprometidos con su éxito o fracaso están dispuestos a sumir. Esos son principalmente los sostenedores privados.

Si se mantiene el sistema particular subvencionado actual, me atrevo a pronosticar un alza sostenida de sus puntajes SIMCE comparado con los municipales en la próxima década. El motor de ese cambio será demográfico; la reducción de la natalidad que amenaza la supervivencia de todos los colegios. Sencillamente los menos aptos no sobrevivirán. El verdugo se llama competencia; los jueces serán los apoderados que dictarán su sentencia sacando a sus hijos/as de los malos colegios. Los que quieran subsistir tendrán que mejorar la calidad de su servicio, especialmente demostrando que sus alumnos entran a la educación superior.

Los sostenedores no lo harán porque “quieran” hacerlo. Deberán hacerlo o desaparecerán y perderán toda su inversión. Esto es biología pura, como diría mi maestro Humberto Maturana. Además, ocurrirá de todas maneras aunque el Ministerio de Educación trate de impedirlo dándole dinero adicional a los colegios municipales deficitarios y tratando de paralizar el surgimiento de colegios particulares subvencionados con Proyectos de Ley como el actual. Pero ciertamente, el proceso de re-estructuración, fusión y “destrucción creativa” de colegios sería más rápido y eficiente (y el mejoramiento educacional sería mayor) con un Ministerio re-orientado a estimular la competencia por calidad.

El tercer motivo por qué el Proyecto presentado no sirve para mejorar la educación, es que tampoco aborda otra causa fundamental de la mala situación actual. Esta es la rigidez del sistema municipal que impide cerrar los colegios de mala calidad y expandir más los de buena calidad. Esta re-ingeniería es indispensable para optimizar el recurso más escaso que son los buenos profesores. Y también para ajustarse a los cambios demográficos. Hay demasiados colegios que no sólo son antieconómicos (como la Escuela de Campiche con 55 alumnos y 8 profesores a sólo 4 kms – pavimentados – de un pueblo de 15,000 habitantes con 3 colegios).

Los sistemas estatales centralizados no mejoran la calidad de los servicios porque, no inducen la expansión de los buenos operadores. ¿Por qué no tenemos 5 o 13 Institutos Nacionales en Chile - uno por región? Simplemente porque el Instituto no tiene un dueño con fin de lucro.. Como lo hacen bien tiene exceso de demanda de alumnos. Pero, en vez de instalar nuevos colegios (como lo han hecho muchos sostenedores privados), los profesores del Instituto deciden seleccionar a los mejores alumnos de Chile.
Pero a nivel macro o agregado, no se mejora tanto la calidad de la educación general o promedio de los alumnos del país como hubiera ocurrido con más Institutos Nacionales. Paradojas de los sistemas complejos, en que las cosas no son como parecen ser. El Instituto Nacional tardó 194 años para llegar a 4,400 alumnos este año. En cambio el Colegio Tabancura, fundado en 1970, al ser gestionado en parte con fin de lucro por el Opus Dei, y hacerlo bien, ya en 1974 formó el colegio Huelén, el Los Andes y otros que pasaron a ser parte de la red SEDUC que llegó, en sólo 37 años, a tener 6 colegios y casi 5,000 alumnos este año.

Si el Instituto Nacional hubiese sido administrado con fines de lucro y hubiera crecido al ritmo de los colegios SEDUC, hoy habrían unos 30 Institutos Nacionales con 26,000 alumnos ¿Qué sistema contribuyó más a mejorar la calidad promedio de la educación nacional? ¿Habrán considerado esto y estudiado casos análogos los especialistas que redactaron el Proyecto que está ante el Congreso?

Para mejorar a nivel agregado la calidad de la educación, los redactores de leyes deben conocer Teoría de Sistemas y estudiar Ingeniería Industrial, disciplinas distintas de la pedagogía. Un sistema educativo basado en establecimientos que buscan su propio interés (sea de lucro, proselitismo o fama) organizado bajo un sistema de mercado competitivo mejoraría la calidad de la educación promedio nacional al conducir al cierre de los colegios que dan servicios deficientes y a la expansión de los mejores. Al desalentar la formación de nuevos colegios con fines de lucro, el actual proyecto mantendrá más rígida la composición de colegios por tamaño en Chile contribuyendo así a deteriorar en vez de mejorar la calidad de la educación general.

Profundicemos algo más este tema porque creo que es importante. ¿Acaso el diferente comportamiento de los directivos del Instituto Nacional y del Colegio Tabancura se produjo porque todos los primeros son más “malos” o “egoístas” y los segundos son “buenos” o “generosos”? Así tienden a pensar muchos pedagogos y políticos que redactan estas leyes. Pero el mundo y las sociedades no funcionan como ellos creen. Lo reconocieron así hasta los dirigentes comunistas soviéticos después de 70 años de esfuerzos fallidos. Las personas responden a intereses propios y estímulos de su medio o nicho.

Hay un cuarto motivo porqué este proyecto de Ley debe reformularse completamente si queremos realmente mejorar la calidad educación. Es porque sus temas centrales – selección y lucro - aparte de que en sí no conducen a ese objetivo, además dividen y desunen a la comunidad nacional dedicada a la educación. Una de las mayores necesidades para lograr calidad es un trabajo conjunto, unido, en equipos de profesores, directores de colegios, administradores o propietarios de establecimientos y Gobierno o Ministerio de Educación. Este proyecto hace todo lo contrario: polariza más. Agudiza las discusiones descalificatorias, pasiones e ideologías excluyentes que parecían superadas.

Este Proyecto divide incluso a quienes forman parte de la Concertación. Contradice uno de sus principios fundacionales: “Buscar lo que une por sobre lo que divide”.

Confío en que la Presidenta recapacitará y reorientará esta discusión con la altura de miras que merece. Que se dejará de lado el peligroso voluntarismo de creer que sólo con buenas intenciones se consiguen los resultados deseados. Y dejará también de tomar medidas que favorecen a algunos que esconden sus intereses personales, de grupo o de trabajo detrás de cantos de sirena o eslogans demagógicos como “¡fin al lucro!”. Lo que está en juego es el futuro de Chile: si será en pocos años más un país conflictivo y estancado, o una nación pacífica y desarrollada.

Presentación hecha en el Foro "LOCE y Colegios Particulares Subvencionados ¿Es la vía hacia una educación de calidad?", Sofofa, 12 de junio, 2007

EDUCACION: LOCE, lucro, alcaldes desesperados y calidad

Alcaldes amenazan cerrar colegios después del 21 de mayo”…“Alcaldes PDC presagian fin de educación municipal”… “Ultimátum al gobierno”… son sólo algunos titulares recientes. Anticipamos estos problemas en un artículo titulado: “Educación Municipal vs. Subvencionada: El conflicto que viene”, publicado en estas páginas hace ocho meses. ¿Qué ha hecho el Gobierno entretanto? Enviar un Proyecto de Ley para poner fin al lucro en la educación… ¿Qué tiene que ver? Hasta ahora, nadie ha dado una explicación técnicamente razonable. Y se vino el 21 de mayo. ¿Qué irá a proponer la Presidenta ahora? ¿Qué debería proponer?.

Lo más probable es que la Presidenta anuncie más plata para las municipalidades con déficit, haciendo aún mayor la diferencia por alumno para estos establecimientos en relación con los de colegios subvencionados. Pero, si de verdad interesa mejorar la calidad de la educación, eso es exactamente lo que NO hay que hacer así no más, puesto que no hay correlación entre esos déficit y la calidad de la educación en cada comuna. Existen muchos municipios muy chicos que no pueden administrar colegios de calidad aún con más dinero. Tienen pocos alumnos y demasiadas escuelas pequeñas, dispersas y alejadas. La plata sola no arreglará sus problemas. La clave está en las condiciones bajo las cuales se entregarían más recursos; los compromisos que deberían asumir los municipios para recibirla; los plazos, una nueva gestión y su control.

Se necesitan más fondos pero mejor gestionados. Para mejorar la calidad de la educación municipal, los fondos deben destinarse a capacitar a los profesores para hacer mejores clases, actualizar sus conocimientos en las disciplinas que enseñan y cambiar sus prácticas en el aula. No a financiar más Magisters. En segundo lugar, deben destinarse a fusionar o a cerrar ordenadamente, y en un plazo breve, los colegios demasiado chicos o con bajos puntajes SIMCE. En tercer lugar, a ampliar las matrículas de los mejores colegios, trasladando a ellos a los alumnos de las escuelas que deban cerrar. En cuarto lugar, a fusionar Corporaciones Municipales de distintas comunas para alcanzar una eficiencia mínima. Todo esto condicionado a que, de no mejorar sus resultados, se les terminará la subvención igual que a los colegios subvencionados que no logren estándares (puntajes) mínimos de progreso en el aprendizaje de sus alumnos.

El nuevo Plan de Educación Municipal debe partir del ineludible dato empírico de que cambió el contexto en que funcionan los colegios: de un déficit de ellos a superávit . La caída de la natalidad y la construcción de nuevos establecimientos ha llevado a un exceso de vacantes. Hoy se necesitan alrededor de 400 escuelas básicas menos que hace 5 años, especialmente en algunas comunas. Por eso se requiere una re-ingeniería sustantiva de los colegios municipales cuya ubicación, tamaño y características corresponden a la estructura demográfica del Chile de 1960. Por su parte, los colegios subvencionados se han adaptado a la transformación de las ciudades con un retraso mínimo. ¿Cómo, si no, se explica el boom de colegios en Maipú y Puente Alto? Por eso, estos establecimientos son parte de la solución, no de los problemas de la educación chilena actual y debe seguir siendo igual la subvencion por alumno entregada escuelas municipales y particulares subvencionadas.

Si no se hace nada por la educación municipal, se seguirá deteriorando la calidad de sus escuelas pequeñas o mal administradas y los mejores alumnos seguirán emigrando hacia los buenos colegios, especialmente particulares subvencionados. Esto podría impedirse forzando el cierre de colegios subvencionados con la nueva Ley “que pone fin al lucro”. Perderían los alumnos, pero serviría para tranquilizar (por poco tiempo) a los profesores municipales que no están dispuestos a capacitarse y trasladarse. Los dirigentes del Colegio de Profesores, que cultivan ese miedo, cantarán victoria y mantendrán su influencia oponiéndose a la Evaluación y flexibilización del Estatuto Docente, denunciando que las reformas propuestas por los alcaldes llevarían a despidos masivos.

El Plan aquí propuesto tiene que orientarse a ganarle al miedo, apoyando a los profesores en su trabajo en el aula, capacitándolos para recuperar el rol y prestigio que merecen en la sociedad chilena.

Sólo entregar más dinero para colegios municipales con déficits financieros NO mejorará la calidad de su educación. SI se logrará: 1) Otorgando a los alcaldes más atribuciones y flexibilidad para operar, a cambio de resultados concretos. 2) Diseñando un Plan, centrado en la re estructuración de colegios municipales y en la capacitación de profesores, CON la participación de los alcaldes. 3) Ese Plan a unos tres años debe surgir de un grupo de trabajo no tecnocrático ni ideológico, que logre un consenso concreto y sostenible. 4) La ejecución y supervisión del plan debe estar a cargo de un nuevo Ministro y Ministerio de Educación mucho más pequeño, con fuerza y real confianza en el rol primordial de los operadores. ¿Por qué no Brunner de una vez por todas? 5) Por último, comenzar ya con un Plan Piloto en unas 20 municipalidades: gradualidad, ensayo, evaluación, ajuste y extensión.

En resumen: pongamos a los alumnos y profesores primero (no a las burocracias ni a los sindicatos). Así lograremos mejorar la educación.

Reforma a Ley de Educación: Impacto económico y en la calidad

¿Habrá reducción y concentración en el número de sostenedores, ya que muchos de los actuales podrían no poder cumplir con los cambios de requisitos?
Por supuesto que habrá reducción del número de colegios. Lo grave es que desaparecerán aquellos cuyos sostenedores no puedan convertirse en fundaciones y no los que tienen menor calidad de educación impartida (por ej. bajos puntajes Simce). Subiría la calidad si se expandieran los mejores colegios y se redujeran aquellos que no entregan educación de calidad. La mayoría de estos últimos son los pequeños colegios municipales o particulares subvencionados de regiones (con menos de 400 alumnos) que no pueden retener profesores de calidad ni tienen suficiente apoyo pedagógico. Por eso, entre otras razones, esta es una medida equivocada que no ayuda a mejorar la calidad.

¿Considera que en ese sentido el proyecto va en contra de las pymes y micro empresas educativas?
Sí; esta medida perjudica especialmente a las Pymes educacionales. Las sociedades educacionales grandes no tendrían dificultad en convertirse en fundaciones. Para las pequeñas tendrá un costo en dinero, tiempo, gestiones y burocracia que difícilmente podrán abordar.

¿Qué podría marcar el límite entre qué áreas el Estado debe aceptar el lucro y en cuáles no? ¿Hay una lógica en el proyecto en ese sentido?
Esta medida respecto a la educación es una discriminación lamentable contra un sector en particular, porque no se aplica a otros. Se aplica a un sector prioritario para el desarrollo nacional que necesita más inversión y mejor gestión. ¿Los médicos privados no lucran con la salud? ¿Se propondrá mañana un proyecto de ley para que ningún médico pueda atender a un paciente de Fonasa si no se constituye en fundación? ¿Sociedades como Integramédica podrán seguir atendiendo por Fonasa si no son fundaciones o corporaciones? ¿Y las empresas constructoras de viviendas sociales que utilizan subsidios, ¿No lucran igual que un empresario de la educación?

¿Habrá necesidad de aumento en el gasto estatal con esta reforma? Porque si hay sostenedores que saldrían del sistema, esos alumnos se podrían redireccionar a otros municipalizados?
Obviamente habrá aumento de gasto fiscal con esta medida, especialmente si se pretende cumplir con el programa de terminar de convertir a todos los colegios del país a Jornada Escolar Completa (JEC). Según datos económicos del Ministerio de Educación (tan vagos y ocultos como los del Transantiago) hasta mitad del 2004 faltaba transformar 1,834 colegios a la JEC; de ellos 726 particulares subvencionados y el resto municipales. Mi estimación es que el gasto total para completar este proceso son como 300 millones de dólares en los próximos 3 años. De eso se esperaba que los sostenedores privados pusieran alrededor de un tercio. Con esta nueva medida al menos habrá como 100 millones de dólares adicionales que deberá poner el Estado, sin considerar el costo de los terrenos que ahora también deberá comprar.

Sobre direccionar estudiantes al sistema municipal: NO, cierto que ese será uno de lo efectos de esta medida si se aprueba. Probablemente ese es uno de los objetivos ocultos de ella, porque así los colegios municipales recibirán más ingresos de las subvenciones, palianado algo el déficit de alumno e ingresos que tiene. Bien por las finanzas (¿el lucro?) de las municipalidades; lástima por la calidad de educación que recibirán los estudiantes y las posibilidades de ellos de entrar a la educación superior y la frustración de ellos y sus padres.

¿Se encarece el sistema?
Si hay menos capital privado invertido en educación solo pueden pasar una de dos cosas: habrán menos y peores colegios, o se mantendrán los mismos pero ahora pagados con dinero fiscal que deberá salir de mayores impuestos o menos gasto público en otros sectores. Y los costos de operación también serán mayores porque los colegios municipales tienen mayores costos que los particulares subvencionados.

¿Qué efectos o problemas prácticos que enfrentarán los sostenedores desde el punto de vista económico: qué pasará con las hipotecas y deudas bancarias. ¿Hay otros aspectos administrativos que sean complejos?
Aquí los bancos más perjudicados son los dos que más le prestan a las Pymes y que se arriesgaron a prestarles a empresarios que formaron colegios. Uno de ellos es el BancoEstado que tenía un programa especial para colaborar con el Gobierno a llevar la Jornada Escolar Completa a todos los estudiantes de Chile. Probablemente por eso este plan quedará trunco o volverá a retrasarse. Hay otros efectos en los que preferiría ni pensar. Por ej.: que haya sostenedores privados con colegios que empiecen a perder alumnos por las dudas de los padres de si acaso continuará el colegio. Imagino a algunos accionistas de bancos preocupados; y a otros diciendo: “Que bueno que nunca confiamos en este Gobierno y no prestamos plata para necesidades sociales como la educación”.

¿Existen cifras o datos sobre resultados económicos de estos colegios particulares subvencionados: me han comentado que como máximo sus márgenes de ganancias están en el 20% anual?
No conozco información. Pero dudo que sus rentabilidades sean tan altas como la que tienen los bancos en Chile, porque la competencia es mucho mayor y en le sector no hay las barreras de entrada que existen en el sector bancario con apoyo en leyes que los protegen.

Hay alguna evaluación preliminar para cuantificar los afectados por la medida: número de sostenedores, número de de colegios, número de matrículas que se verán afectados? ¿Qué porcentaje representan del total de matrículas en Chile (incluyendo municipalizados, privados)?
Las cifras más desgregadas a las que he tenido acceso se refieren a 2004. No han variado demasiado probablemente. Hay aproximadamente 4,300 colegios particulares subvencionados. Son muy heterogéneos en tamaño y distribución regional. Cerca de la mitad (1,970) colegios tienen menos de 100 alumnos. Sólo 1,170 (28%) tienen más de 400 alumnos, que es un mínimo para que un colegio completo tenga un tamaño suficiente para entregar una buena educación. Los colegios chicos se concentran en regiones y los grandes en Santiago. Por eso los más perjudicados con esta medida serán los estudiantes de regiones. Los colegios grandes tienen algo más de 1 millón de alumnos y los pequeños como 320 mil. De estos últimos, más de 210 mil están en regiones.

Los colegios particulares subvencionados con más de 1000 alumnos cada uno son 334 (el 8% del total) pero educan a medio millón de estudiantes. Dos tercios de ellos (como 333 mil están en Santiago).

Respecto a los sostenedores: Al fin del 2004 eran 3,232 pero 2,200 (casi el 70%) tenían subvenciones inferiores a $ 5 millones de pesos mensuales. Esto significa que tienen colegios con menos de 200 alumnos. No alcanzan a ser ni Pymes. Son microempresas. Esos son los más perjudicados y están en su mayoría atendiendo a 400,000 alumnos en zonas rurales o ciudades pequeñas de regiones. ¿Conocerán estos datos los autores del Proyecto de Ley que comentamos? Es muy dudoso.

Entrevista de “El Mercurio” a Ernesto Tironi, viernes 13 de abril, 2007

(Cuestionario completo a Reportaje aparecido en Cuerpo B, Dgo. 15/04/07)

Lecciones del Transantiago

Tan importante como corregir los errores del Transantiago, es sacar lecciones correctas de esta experiencia. Se han planteado algunas que llevarían a peores desastres, como un transporte público estatal, ¿Se imaginan todo administrado permanentemente por los funcionarios que llevaron a esta calamidad? Otros piensan que esto es consecuencia de un gobierno socialista. Tampoco creo que sacar esa conclusión tan ideológica permita avanzar mucho.

Considero que hay cuatro lecciones principales del Transantiago. No son las únicas, pero conviene iniciar la reflexión, para transformar esta crisis en oportunidad.

La primera, es desconfiar de la soberbia de las autoridades públicas que creen sabérselas todas, del trabajo encerrado entre cuatro paredes con mínima transparencia e información, y de quienes tienen como referentes principales a sus jefes políticos en vez del público o los clientes. Es fatal tener máximas autoridades buscando más ganar popularidad cortando cintas, antes que diseñando con rigurosidad los proyectos. Peor todavía rodearse de funcionarios obsecuentes, o muy ciegos e irresponsables. ¿Cómo no hubo más directivos, asesores y técnicos que advirtieron públicamente los riesgos que se corrían, aunque con ello arriesgaran la pega? ¿Qué impedía haber hecho varios seminarios con universidades, alcaldes y otros grupos para exponer sus planes y recoger comentarios? Un poco de humildad ayuda.

La segunda lección, es la conveniencia de exigir a todos los proyectos de nuevo gasto público una Evaluación de sus Costos y Beneficios Sociales por parte de MIDEPLAN. Esta práctica introducida en los 70s fue un gran paso de modernización del Estado. Pero la última década se ha dejado. Además las evaluaciones debieran licitarse entre entidades externas certificadas y hacerse públicas. Cuánto dinero habríamos ahorrado en proyectos de dudosa factibilidad, incluyendo los caros estudios sobre el Canal de Chacao y muchos otros. El Transantiago es la punta del iceberg. Ha permitido ver el dinero malgastado y la ineficiencia del Estado. Pero cuánto más habrá detrás de ferrocarriles, Chiledeportes, INDAP, Chilebarrio, programas de empleo, jornada escolar única, Enami, etc.

La tercera lección, es la necesidad de instituir Auditorias Públicas anuales para todos los proyectos y áreas de gestión importantes del Estado. La ley exige a las empresas privadas que tengan auditorías independientes, pero no al sector público. El Estado chileno es un “Cura Gatica”. También requiere controles estrictos cuando entrega fondos a privados. Está muy bien. Pero con los mismos fundamentos, ¿por qué no se hacen auditorias independientes a los programas mismos a través de los cuales gastan centenares de millones de dólares? ¿Cuántos de esos programas serán otros fracasos tan grandes como el Transantiago pero no lo sabemos porque nadie los revisa? ¿Cuántos programas resultan, como el Transantiago, mucho más costosos de lo que se previó?

La cuarta lección, es la conveniencia de una Rendición de Cuenta Pública (técnica; no política) y periódica de todos los proyectos que involucran gastos públicos superiores a cierto monto. Pero no monólogos de Ministros (pauteados por sus asesores de comunicaciones) para periodistas que se limitan a preguntas banales y hacer copy-paste del comunicado público. Tampoco bastan las sesiones del Congreso. Hay que instituir sesiones solemnes como por ejemplo la tradición anual iniciada por Codelco, pero en la cual el Presidente tenga como contraparte a un destacado profesor experto en el tema; al Presidente de la Sociedad de Minería y a un parlamentario escogido por la oposición. Ese tipo de debate sí permitiría evaluar la competencia de las autoridades públicas.

Algunas de estas medidas probablemente requieren nuevas leyes para la modernización del Estado. Oportunidad para que gobierno u oposición las promuevan, y surja la oposición constructiva que el país espera. Otras se refieren más a prácticas de gobierno que la Concertación podría iniciar ahora si pretende reconquistar la confianza ciudadana.

Lo central es no limitarnos sólo a arreglar este desastre. Es la oportunidad de reformas profundas de una organización del Estado que está siendo el principal freno para el progreso del país y especialmente de los chilenos más pobres.

"Publicado en El Mercurio, Lunes 16 de abril, 2007"

Balance del TLC con EEUU, ¿Positivo?

Este mes se cumplen tres años de la puesta en aplicación del esperado TLC Chile – EEUU. ¿Qué evaluación podemos hacer a esta altura? ¿Se han cumplido las expectativas?

Cuatro efectos se esperaban principalmente: Un aumento del comercio, exportaciones con más alto valor agregado, más inversiones norteamericanas y la mayor consolidación de una política económica de mercado y abierta. Esto último es difícil de evaluar y atribuir específicamente al TLC, pero el hecho de haberlo firmado bajo el Gobierno de un Presidente socialista no es algo menor.

La inversión nos ha dado una sorpresa. El flujo de inversión norteamericana a Chile de tipo directa (es decir, realizada por empresas, y no de tipo financiera por compra de acciones de sociedades anónimas nacionales, ADRs o bonos), ha caído desde U$370 millones el año anterior al acuerdo, a U$125m el 2004 y solamente U$78m el 2005. Es de esperar una mejora el 2006. La participación de EEUU en el flujo anual de inversión directa total cayó de 29% el 2003 a 4% el 2005. Podrían adelantarse diversas hipótesis sobre este hecho. Lo dejamos para mayor investigación y debate. Pero una cosa sería clara: no han sido muy efectivos los medios utilizados para difundir el TLC entre las empresas norteamericanas.

En materia de comercio el panorama es mucho mejor. Por el lado de las importaciones desde EEUU, un aumento notable: desde U$ 2,500m el 2003 a un estimado de U$ 5,500m el 2006. Fuerte salto los primeros dos años, con tasas anuales de 35%, y una moderación al 12 % el 2006. Estas elevadas importaciones que ya no pagan arancel significan beneficios para los consumidores por al menos U$300m al año. Y sólo 6% son artículos de consumo. Dos tercios son insumos intermedios para producir en Chile y 28% equipos de capital que abaratan la inversión.

También estamos logrando un muy notable aumento de nuestras exportaciones a EEUU. De U$ 3,700m el 2003 a U$ 6,500 el 2005 y un valor estimado para este año de casi U$ 10,000m (U$7,720m a septiembre). Un 33% de crecimiento anual los primeros dos años y 58% de enero a septiembre del 2006 comparado con el año pasado. ¿Sólo efecto del mayor precio del cobre? No. Excluyéndolo nuestras exportaciones crecen 18% anual al 2005 y sobre 15% a septiembre del 2006. Las exportaciones industriales están creciendo 24%. Probablemente terminaremos el año con un superávit comercial con EEUU superior a 4,000 millones de dólares. Sin duda un resultado muy positivo.

Más alentador todavía es que las exportaciones que más crecen son de productos industriales y alimentarios; no sólo materias primas. Se destacan los salmones, nuevas frutas como los berries, maderas aserradas, tableros y molduras. Estos dos últimos productos están llegando a U$ 600m y U$520 m, con el 70% yendo a EEUU. Del total de exportaciones agrícolas de Chile 46% van a EEUU y el 2006 crecieron tres veces más rápido que al resto del mundo: 16% versus 6%. Esto ocurre a pesar que muchos productos en esta categoría tienen cuotas o les faltan dos años para empezar a venderse libre de aranceles. Es el caso de las carnes y otros. No hay duda que el TLC con EEUU será clave para que Chile llegue a ser una potencia alimentaria mundial: clasificar entre los “top ten” mayores exportadores de alimentos del mundo. Hoy estamos en puesto Nº 17, y si seguimos creciendo al ritmo actual pasaremos al 9º lugar con U$17,000m para el bicentenario. De nuevo, muy positivo.

No nos ha ido tan bien con incorporar más pequeñas empresas al comercio con EEUU. Con las medianas nos ha ido mejor. Entre el 2001 y 2005 algo menos de 200 empresas nuevas se incorporaron a exportar a EEUU, pasando el número total de 1,900 a 2,100. Las con ventas entre 50 mil dólares y 10 millones crecieron bastante en número, pero poco en valor; 35 y 4 por ciento respectivamente. Presuntamente la mayoría son del sector agropecuario, como viñas, que representaron el año pasado U$750m o 12% del total. En cambio las empresas con ventas sobre 10 millones anuales pasaron de sólo 61 el 2001 a 251 el 2005. Es lógico: entrar a un mercado tan grande requiere espaldas grandes. Pero detrás de cada exportador agroindustrial hay numerosas PYMES que son exportadoras indirectas como proveedoras de insumos. La red entre éstas estaría creciendo.

En conclusión, los resultados globales son alentadores. Pero podría hacerse bastante más. Hay que recordar que la ventaja comparativa de Chile se está extinguiendo. Nuevos países están firmado TLCs con EEUU. Hay que seguir trabajando. Es asombroso que el aprovechamiento del TLC atraiga tanto menos atención en la prensa que el proceso anterior de negociaciones. Más lamentable es que sectores académicos y gubernamentales hayan hecho tan pocas evaluaciones de la marcha del TLC y recomendaciones de cómo acelerar el tranco. Y el magro resultado en atracción de inversiones es una señal clara: falta invertir en Imagen País en EEUU. Lo que se ha hecho es demasiado poco y estamos pagando el error. Espero que este breve artículo anime a los responsables a no dejar pasar esta gran oportunidad para Chile.

"Publicado en El Mercurio Dgo. 7 enero 2007".

Educación Municipal v/s Particular Subvencionada:El conflicto macroeconómico que viene.

Junto con evidenciar el malestar estudiantil, las manifestaciones de los escolares en mayo pasado, revelaron la incomodidad de los alcaldes con el rol que les asigna el actual sistema de educación municipal. Sus problemas son tan graves como desconocidos. Primero: Los ediles están siendo acusados de la mala calidad de la educación en sus establecimientos, cuando la verdad es que prácticamente carecen de medios y de atribuciones para hacerlo mejor. Segundo: Un agudo déficit económico les obliga a gastar en educación recursos que quisieran destinar a otras carencias comunales urgentes como delincuencia, salud, drogadicción y otros.

Lo paradójico es que muchos alcaldes culpan de esa situación a los colegios particulares subvencionados (CPS). Y, mirado desde el punto de vista de ellos, tienen razón. Los motivos son los siguientes:

Los municipios están incurriendo en un costo creciente por concepto de educación, aumento ligado al envejecimiento del cuerpo de profesores municipales a quienes -por la Ley del Estatuto Docente- se les debe subir obligatoriamente el sueldo cada dos años (los famosos bienios), independientemente de lo bien o mal que hagan su trabajo. Pero, además de este incremento automático y forzoso de costos, los colegios municipales están percibiendo menores ingresos. La causa, según los alcaldes, es que los colegios particulares subvencionados “les están quitando alumnos”. Algunos incluso hablan de competencia desleal porque los particulares subvencionados: 1) No enfrentan tamaño incremento en los costos del profesorado. 2) Pueden recibir ingresos adicionales por la vía del financiamiento compartido (la mensualidad que en algunos casos pagan los apoderados/as). Y 3) Seleccionan a los mejores alumnos dejando a los colegios municipales con los estudiantes peores y más pobres. Esto último explicaría la obtención de mejores puntajes en las pruebas SIMCE por parte de los colegios particulares subvencionados y reforzaría la migración de alumnos hacia esta clase de establecimientos.

El diagnóstico del problema económico primario de los alcaldes es correcto: un déficit financiero creciente y de doble origen, baja de ingresos y aumento de costos. Los colegios municipales tienen costos fijos crecientes (número de profesores y sueldos) e ingresos decrecientes (por menos alumnos). Las cifras son astronómicas. Se habla de gastos municipales entre U$ 170 y U$ 220 millones el 2006. Insostenible. Por eso las manifestaciones de los alcaldes; se juegan su futuro. Pero las causas no son las que ellos creen. La “culpa” no es de los colegios particulares subvencionados sino de la demografía. Por eso las soluciones que han propuesto no son adecuadas.

La pérdida de alumnos, específicamente en educación básica, de los colegios municipales no se produce por la mera “selección de alumnos” o el afán de lucro de los CPS, sino principalmente por un factor demográfico. Al bajar tanto la tasa de natalidad en Chile últimamente, ha disminuido nuestra población escolar en educación básica. El quiebre comenzó el 2002. El 2005 el total de escolares creció sólo 0,4 %, comparado con 2,3 % anual entre el 95 y el 2000; la sexta parte de hace solamente 5 años. Sólo crece la matrícula de enseñanza media: 5 % anual el último quinquenio (200.000 alumnos adicionales). Pero la matrícula para la enseñanza básica ha disminuido 1 % anual (128.000 alumnos menos en el último quinquenio).

O sea, se necesitan como 300 ó 400 colegios básicos menos que hace 5 años. Además, 30,000 estudiantes menos en colegios municipales al año implica $11,000 millones de menores ingresos anuales a las municipalidades (U$20 millones). El déficit es más agudo en comunas rurales y urbanas antiguas con población de mayor edad, como Conchalí, Recoleta y, crecientemente, Santiago Centro, que hoy importa alumnos de comunas periféricas. Una de ellas está perdiendo casi 2 alumnos por curso cada año. Y “la culpa” es
de que las familias tienen menos niños en Chile.

Obviamente este fenómeno también afecta a los colegios particulares subvencionados. Un ejemplo: la prestigiosa Sociedad de Instrucción Primaria (las Escuelas Matte), tiene 800 vacantes sin llenar el 2006. O sea que no sólo los colegios municipales se están quedando sin alumnos… Para enfrentar este problema necesitaríamos un Ministerio de Educación más eficiente (que debiera haber anticipado este problema hace tiempo) que procure mayor flexibilidad para cerrar y fusionar colegios.

Pero además:
1.- No sólo los colegios municipales enfrentan costos crecientes por los sueldos de profesores. Los particulares subvencionados también deben ir otorgando bienios y otras alzas salariales porque de lo contrario se quedarían sin profesores. Además está el costo de la indemnización por años de servicio que se eleva sobre 8% anual el sueldo de cada profesor.

2- Los colegios particulares subvencionados no “le quitan” alumnos a los municipales porque cobran a los apoderados. Al contrario. Los apoderados los prefieren a pesar que deben pagar. ¿Por qué? Porque quieren un ambiente más sano y seguro para sus hijos: menos drogas, más disciplina, menos desorden. Si los colegios municipales se sienten “discriminados” por esto, tienen razón. Deben igualarse las condiciones de ambos tipos de colegio. Cambiar la LOCE para que algunos colegios municipales también puedan cobrar una mensualidad. Pero no por eso se debe restringir el derecho de los padres a poner sus hijos(as) en colegios particulares subvencionados.

3.- Que los mejores resultados de los colegios particulares subvencionados se explica porque seleccionan a sus alumnos, es una exageración y resulta inconsistente: Primero, el fenómeno está sobredimensionado. Los CPS no seleccionan más que los colegios municipales de alta demanda como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal. La mayoría de los CPS tienen déficit de demanda, por lo tanto aceptan alumnos despedidos o repitentes de otros colegios porque así completan los cursos. Segundo: se dice que los CPS seleccionan para subir su promedio SIMCE. Pero eso es contradictorio con la evidencia de que los apoderados no eligen colegio por resultado SIMCE.


En resumen:
- Los alcaldes y directores de corporaciones municipales enfrentan un problema real que es su déficit de alumnos y de financiamiento.
- Los culpables no son los colegios particulares subvencionados, como creen alcaldes y corporaciones municipales.
- La solución del problema requiere mayor flexibilidad de las municipalidades para gestionar sus colegios, cerrar aquellos sin suficientes alumnos, cambiar directores y profesores, ofrecer jubilaciones anticipadas o atractivas, etc.
- Desde el punto de vista del interés del país, para mejorar la educación lo clave no es dar recursos adicionales especiales exclusivos para los municipales en vista de sus déficit, sino establecer igualdad de condiciones entre municipales y particulares subvencionados. Esto tiene que ver con políticas óptimas para la maximización de cierto objetivo (en este caso, la calidad de educación), lo que sería tema de otro artículo.

Es un inmenso desafío político-educativo lograr adoptar las medidas adecuadas para resolver este problema, porque es análogo a comprender que el sistema de libre comercio mejora el bienestar de un país y conduce a su desarrollo económico. Yo mismo no acepté cabalmente esto hasta unos 10 años después de haber egresado de la neoliberal Escuela de Economía de la Católica. El saber convencional es más fuerte: Si una empresa de calzado cierra porque llegan zapatos más baratos de China ¿cómo podría ser mejor para Chile reducir los aranceles para que puedan competir de igual a igual la fábrica chilena con la china? Sin embargo es así. Lo ha demostrado Chile con su modelo económico los últimos 30 años, igual que Corea, Singapur y ahora, China.

El debate que vendrá inevitablemente en los próximos años tendrá que ver con este tema. Por eso es tan crucial y apasionante. Veremos si tendremos la inteligencia, la sabiduría y la valentía de tomar las decisiones correctas para llegar a ser un país desarrollado durante nuestra generación, que es mi sueño y el de tantos chilenos.

Publicado en El Mercurio, Domingo 27, agosto, 2006

Ley de Subvención Diferenciada: Correcciones Indispensable

Entre las medidas que ha tomado el actual gobierno en educación está poner urgencia al Proyecto de Ley en el Parlamento que introduce la “Subvención Escolar Preferencial”. Propone entregar entre $ 9.000 y $ 18.000 mensuales adicionales por alumno para las escuelas que atienden a los 400.000 niños y niñas más pobres del país. Costaría entre 80 y 150 millones de dólares anuales de mayor gasto fiscal. Aparentemente está muy bien, pero su actual redacción contiene errores importantes. Necesitan corregirse.

Las cuestiones centrales son dos: (1) si entregar la subvención al alumno pobre o al colegio que es pobre. Y (2) si los recursos deben entregarse “a cambio de algo”, o sea de cierto compromiso de mejoramiento educativo de cada colegio, ¿a cambio de qué compromiso exactamente? No da lo mismo elegir una u otra opción. El problema es que el Gobierno ha optado por el camino equivocado de mezclar mal ambas cuestiones: condiciones y subvención adicional. Así, aunque en apariencia da la subvención al alumno, en la práctica termina por dar la subvención al colegio. La razón es que establece importantes condiciones, controles e intervenciones a los colegios que deseen recibir alumnos pobres con subvención preferencial e incluso a quienes no lo hagan .

Este proyecto mezcla entonces, sin razón, dos objetivos distintos: 1) financiar el mayor costo de la educación de alumnos pobres o vulnerables, y 2) poner condiciones mínimas a los colegios como manera de elevar la calidad de la educación por la vía de intervenir (¿y eventualmente cerrar?) aquellos establecimientos de desempeño insuficiente. Cada uno de estos objetivos es valioso en sí, pero tienen una política específica distinta que es óptima para alcanzar cada uno. Mezclar las cosas revela ignorancia sobre diseño de Políticas Óptimas u otros objetivos ocultos como puede ser conseguir más poder estatal para regular o intervenir ciertos colegios, probablemente los particulares subvencionados. En buen chileno, no se pueden matar dos pájaros de un tiro.

Existe un debate legítimo sobre la ausencia de condiciones mínimas suficientes para establecer o mantener Colegios Particulares Subvencionados (CPS). Para ese objetivo deben establecerse umbrales objetivos, como un promedio mínimo en SIMCE, ajustado al nivel socioeconómico de los alumnos. Pero eso no tiene porqué condicionarse a recibir subvención adicional para alumnos pobres. En otras palabras debería establecerse para todo colegio municipal o particular subvencionado, tenga o no alumnos pobres. Por otra parte, con esa política, un colegio con malos resultados podría continuar operando si evita matricular alumnos pobres. ¿Tiene sentido eso?

En cuanto a la política óptima para mejorar la educación de los alumnos pobres y así ayudarles realmente a salir de su situación (objetivos de elevar calidad y equidad), lo adecuado es una subvención mayor para cubrir el verdadero costo de enseñarles. Un alumno pobre necesita ayuda adicional para sus tareas, quedarse en el colegio a hacerlas, apoyo psicopedagógico, etc. Esos gastos adicionales necesita financiarlos el Estado porque las familias no pueden. Y debe ser una subvención adicional por alumno pobre.

Las principales desventajas de entregar esta subvención adicional a colegios (en vez de a alumnos pobres) son cuatro:
1.- Es más difícil de administrar: Habría que definir como “pobre” el establecimiento que tiene más de x % de alumnos pobres o “con mayor nivel de vulnerabilidad”. Pero con esa definición se dejará de beneficiar a muchos niños pobres que van o podrían ir a colegios no pobres.
2.- Es probable que la subvención entregada a la escuela definida como pobre termine reemplazando otros aportes municipales, mensualidades de los padres, donaciones u otros. Al final los alumnos no contarán con más medios ni educación mejor.
3.- Gracias a ese aporte podrán subsistir escuelas pobres que sería mejor cerrar. En sectores rurales más conviene reemplazar escuelas por buses escolares para llevar los niños a la escuela del pueblo cercano. Los niños tendrían mejor educación y le saldría más barato al país cerrar esas escuelas chicas y malas. Finalmente,
4.- La subvención adicional a las escuelas puede destinarse a elevar sueldos de profesores y a otros gastos que no necesariamente mejorarán la calidad educativa. Eso ya ha sucedido antes (Proyecto Montegrande). Algunos dirán que puede evitarse con controles del Ministerio, pero lo dudo.

La subvención entregada directamente a los alumnos pobres sería más efectiva para mejorar el aprendizaje. No tiene ninguna de las desventajas de la subvención al colegio pobre y además tiene las siguientes ventajas:
1) Favorece la integración de niños pobres a colegios con alumnos no pobres.
2) Los colegios con más medios se esforzarán por atraer como alumnos a niños/as pobres porque “traerán su marraqueta”: ingreso adicional para el colegio.
3) Reduce la segregación. Los niños pobres accederán a colegios de mayor calidad y mejores resultados SIMCE, sin quedar limitados a ir a los colegios de sus barrios pobres.
4) Al acceder a colegios con más medios, éstos deberán crear programas especiales de reforzamiento pedagógico para retener a los niños pobres.
5) Aumenta el número de colegios no-pobres dispuestos a matricular alumnos pobres.

La subvención al alumno pobre también podría tener desventajas: Algunos colegios podrían a atraer alumnos en base a propaganda falsa y no darles mejor educación. Aparentemente por esto el Ministerio habría optado por la subvención adicional a condición que la escuela pobre firme un exigente “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”.

Pero eso implicará condicionar la subvención al uso de insumos y no del resultado: la calidad del aprendizaje logrado por el alumno. Este se mide por la SIMCE. Lo primero significa sólo más burocracia e inspectores, y no mejor educación. De nuevo el intento de dirigir las escuelas desde la cúpula del Estado. Éste debería aplicar la máxima del Director de un colegio pobre pero de alto desempeño, que dice a sus profesores: “a mi no me importa cómo Ud enseñe, lo que me importa es que los alumnos aprendan”. ¿Por qué mejor no concentrarse en los alumnos y en sus resultados educativos? ¿Por qué no dar más responsabilidad a los apoderados, informándolos bien? En vez de focalizarse en escuelas, convenios, reglamentos y controles, sería mejor que la única condición sea que, a cambio de la subvención adicional, el alumno beneficiado debe superar un cierto puntaje en la prueba SIMCE. Además que el Ministerio informe de ese puntaje por carta a cada alumno, apoderado y colegio. Y que el Ministerio les dé plazo de 3 o 4 años al colegio para superar el mínimo necesario a los alumnos deficitarios. Si al cabo no supera ese nivel, simplemente el alumno pierde su Subsidio Preferencial en ESE colegio donde estaba. Se le debe informar al padre que retendrá la subvención adicional si lleva al niño a otro colegio donde aprenda más. Con esa política centrada en los alumnos, en la responsabilidad de los padres y madres y con un Estado que disemina información y aporta recursos contra resultados de los propios alumnos, efectivamente podremos obtener mejor educación para los chilenos más pobres.