Ley de Subvención Diferenciada: Correcciones Indispensable

Entre las medidas que ha tomado el actual gobierno en educación está poner urgencia al Proyecto de Ley en el Parlamento que introduce la “Subvención Escolar Preferencial”. Propone entregar entre $ 9.000 y $ 18.000 mensuales adicionales por alumno para las escuelas que atienden a los 400.000 niños y niñas más pobres del país. Costaría entre 80 y 150 millones de dólares anuales de mayor gasto fiscal. Aparentemente está muy bien, pero su actual redacción contiene errores importantes. Necesitan corregirse.

Las cuestiones centrales son dos: (1) si entregar la subvención al alumno pobre o al colegio que es pobre. Y (2) si los recursos deben entregarse “a cambio de algo”, o sea de cierto compromiso de mejoramiento educativo de cada colegio, ¿a cambio de qué compromiso exactamente? No da lo mismo elegir una u otra opción. El problema es que el Gobierno ha optado por el camino equivocado de mezclar mal ambas cuestiones: condiciones y subvención adicional. Así, aunque en apariencia da la subvención al alumno, en la práctica termina por dar la subvención al colegio. La razón es que establece importantes condiciones, controles e intervenciones a los colegios que deseen recibir alumnos pobres con subvención preferencial e incluso a quienes no lo hagan .

Este proyecto mezcla entonces, sin razón, dos objetivos distintos: 1) financiar el mayor costo de la educación de alumnos pobres o vulnerables, y 2) poner condiciones mínimas a los colegios como manera de elevar la calidad de la educación por la vía de intervenir (¿y eventualmente cerrar?) aquellos establecimientos de desempeño insuficiente. Cada uno de estos objetivos es valioso en sí, pero tienen una política específica distinta que es óptima para alcanzar cada uno. Mezclar las cosas revela ignorancia sobre diseño de Políticas Óptimas u otros objetivos ocultos como puede ser conseguir más poder estatal para regular o intervenir ciertos colegios, probablemente los particulares subvencionados. En buen chileno, no se pueden matar dos pájaros de un tiro.

Existe un debate legítimo sobre la ausencia de condiciones mínimas suficientes para establecer o mantener Colegios Particulares Subvencionados (CPS). Para ese objetivo deben establecerse umbrales objetivos, como un promedio mínimo en SIMCE, ajustado al nivel socioeconómico de los alumnos. Pero eso no tiene porqué condicionarse a recibir subvención adicional para alumnos pobres. En otras palabras debería establecerse para todo colegio municipal o particular subvencionado, tenga o no alumnos pobres. Por otra parte, con esa política, un colegio con malos resultados podría continuar operando si evita matricular alumnos pobres. ¿Tiene sentido eso?

En cuanto a la política óptima para mejorar la educación de los alumnos pobres y así ayudarles realmente a salir de su situación (objetivos de elevar calidad y equidad), lo adecuado es una subvención mayor para cubrir el verdadero costo de enseñarles. Un alumno pobre necesita ayuda adicional para sus tareas, quedarse en el colegio a hacerlas, apoyo psicopedagógico, etc. Esos gastos adicionales necesita financiarlos el Estado porque las familias no pueden. Y debe ser una subvención adicional por alumno pobre.

Las principales desventajas de entregar esta subvención adicional a colegios (en vez de a alumnos pobres) son cuatro:
1.- Es más difícil de administrar: Habría que definir como “pobre” el establecimiento que tiene más de x % de alumnos pobres o “con mayor nivel de vulnerabilidad”. Pero con esa definición se dejará de beneficiar a muchos niños pobres que van o podrían ir a colegios no pobres.
2.- Es probable que la subvención entregada a la escuela definida como pobre termine reemplazando otros aportes municipales, mensualidades de los padres, donaciones u otros. Al final los alumnos no contarán con más medios ni educación mejor.
3.- Gracias a ese aporte podrán subsistir escuelas pobres que sería mejor cerrar. En sectores rurales más conviene reemplazar escuelas por buses escolares para llevar los niños a la escuela del pueblo cercano. Los niños tendrían mejor educación y le saldría más barato al país cerrar esas escuelas chicas y malas. Finalmente,
4.- La subvención adicional a las escuelas puede destinarse a elevar sueldos de profesores y a otros gastos que no necesariamente mejorarán la calidad educativa. Eso ya ha sucedido antes (Proyecto Montegrande). Algunos dirán que puede evitarse con controles del Ministerio, pero lo dudo.

La subvención entregada directamente a los alumnos pobres sería más efectiva para mejorar el aprendizaje. No tiene ninguna de las desventajas de la subvención al colegio pobre y además tiene las siguientes ventajas:
1) Favorece la integración de niños pobres a colegios con alumnos no pobres.
2) Los colegios con más medios se esforzarán por atraer como alumnos a niños/as pobres porque “traerán su marraqueta”: ingreso adicional para el colegio.
3) Reduce la segregación. Los niños pobres accederán a colegios de mayor calidad y mejores resultados SIMCE, sin quedar limitados a ir a los colegios de sus barrios pobres.
4) Al acceder a colegios con más medios, éstos deberán crear programas especiales de reforzamiento pedagógico para retener a los niños pobres.
5) Aumenta el número de colegios no-pobres dispuestos a matricular alumnos pobres.

La subvención al alumno pobre también podría tener desventajas: Algunos colegios podrían a atraer alumnos en base a propaganda falsa y no darles mejor educación. Aparentemente por esto el Ministerio habría optado por la subvención adicional a condición que la escuela pobre firme un exigente “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”.

Pero eso implicará condicionar la subvención al uso de insumos y no del resultado: la calidad del aprendizaje logrado por el alumno. Este se mide por la SIMCE. Lo primero significa sólo más burocracia e inspectores, y no mejor educación. De nuevo el intento de dirigir las escuelas desde la cúpula del Estado. Éste debería aplicar la máxima del Director de un colegio pobre pero de alto desempeño, que dice a sus profesores: “a mi no me importa cómo Ud enseñe, lo que me importa es que los alumnos aprendan”. ¿Por qué mejor no concentrarse en los alumnos y en sus resultados educativos? ¿Por qué no dar más responsabilidad a los apoderados, informándolos bien? En vez de focalizarse en escuelas, convenios, reglamentos y controles, sería mejor que la única condición sea que, a cambio de la subvención adicional, el alumno beneficiado debe superar un cierto puntaje en la prueba SIMCE. Además que el Ministerio informe de ese puntaje por carta a cada alumno, apoderado y colegio. Y que el Ministerio les dé plazo de 3 o 4 años al colegio para superar el mínimo necesario a los alumnos deficitarios. Si al cabo no supera ese nivel, simplemente el alumno pierde su Subsidio Preferencial en ESE colegio donde estaba. Se le debe informar al padre que retendrá la subvención adicional si lleva al niño a otro colegio donde aprenda más. Con esa política centrada en los alumnos, en la responsabilidad de los padres y madres y con un Estado que disemina información y aporta recursos contra resultados de los propios alumnos, efectivamente podremos obtener mejor educación para los chilenos más pobres.