Retiro del 10%: ¿Quién más responsable?[1]
Ernesto
Tironi 16-7-0
La
aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Reforma Constitucional que
permite a los afiliados retirar el 10% de sus cotizaciones previsionales para
enfrentar la crisis por la pandemia ha causado una conmoción profunda en todos
los sectores dirigentes del país, y no
sabemos cuánto más allá. Es comprensible. Se trata de una medida con
significados profundos, múltiples y, tal vez, con insospechadas consecuencias.
Jorge Correa la calificó como soltar “una tuerca de la sala de máquinas de la
institucionalidad”. Siendo de un buque como Chile que está al garete, detenido,
sin capitán, en medio de una tormenta mundial, el pronóstico no puede ser más
que un desastre. Agregaría que si el motor de la economía no arranca sin esa
tuerca, nos hundimos todos. Para comprender cómo corregir bien esto que sería
un muy grave desperfecto, es inevitable entender bien por qué se soltó esa
tuerca. También es necesario saber quiénes son los principales responsables de que
piezas tan claves de la máquina económica e institucional nunca más lleguen a
soltarse.
Hasta
ahora toda la atención y artillería de reproches se ha centrado en los
diputados, jefes de partidos políticos y tal. ¿Estará sólo allí la
responsabilidad? Lo dudo. No se puede pedir peras al olmo. Los parlamentarios
no son estadistas; son meros intermediarios y tal vez otro grupo de interés y
de presión social más. Lo del 10% es otra medida populista y engañosa de las
varias que hemos visto la última década, como la reforma de educación escolar,
la gratuidad universitaria y otras. Si creemos que la adopción de ese tipo de
medidas van a terminarse diciendo que sólo ocurren por culpa de parlamentarios
irresponsables, nos estaremos también engañando. Creo que esta actitud basada
en esa explicación simplista es infantil, equivocada e inútil. Debemos mirar
más profundo y más lejos.
Sostengo
que la responsabilidad de esta última medida populista es primero que nada de
todos nosotros los ciudadanos de nuestro país. Nosotros elegimos, o dejamos que
fueran elegidos esos y no mejores legisladores. Pueden ser de los peores en décadas,
pero igual nosotros los elegimos.
También nosotros dejamos pasar que se convirtieran en una casta
vitalicia, autoreferente y autoperpetuante que, al no conocer las dificultades de la gente
corriente por ganarse la vida después de tener que pagar los impuestos, creen
que el Estado es un pozo sin fondo para repartir plata. Y se atribuyen ellos, a
sí mismos, el mérito de esos repartos por los cuales se ganan el agradecimiento
para ser reelegidos. Ese sistema, durará poco tiempo; no es un círculo creativo
ni virtuoso.
El
segundo mayor responsable son los propietarios y ejecutivos de las AFPs. No
entendieron nunca el rol social que debían jugar al desenvolverse en un sector social
tan sensible de la vida de los ciudadanos. Se quedaron en su mirada estrecha de
maximizar utilidades y oponerse a toda medida que les afectara eso. Ellos saben
mejor que nadie y hace tiempo que con los parámetros originales del sistema –
la edad para jubilarse invariable en 60 y 65 años más la baja tasa de 10% de
cotización – no generaban ni las pensiones que se habían prometido inicialmente
ni las que la población considerara
justas o suficientes. No hicieron lo que debían para informar y educar a la
opinión pública de la necesidad de corregir esos parámetros para elevar las
pensiones. No; se veían a sí mismas como
meros administradores de fondos, mirando a un lado del mar donde navegaban, a
babor: sus utilidades y rentabilidad. No miraron a estribor: la satisfacción
última de quienes deben servir – sus
pensionados, los actuales y los futuros. Todos, incluidos los que no cotizaban.
El conjunto; porque son (todavía) parte de un
sistema de seguridad social. Esa ceguera hizo que la sala de máquinas
se inundara y el buque comience a hundirse. No hicieron nunca un trabajo de educación
profunda de la población desde el nivel escolar al técnico, sectorial, masivo,
en las empresas, las ONGs, etc. etc., para explicar cómo funcionaba la máquina
del barco. Tanto sus bondades como también sus requisitos (cotizar), puntos
débiles (lagunas) y factores críticos (legitimidad social). Tampoco apoyaron
con toda su fuerza a los gobernantes y parlamentarios que propusieron reformas
razonables del sistema, aunque ellas redujeran sus utilidades. No bastaba con
nombrar de directores a exministros o posibles futuras senadoras esperando que
las defendieran. Ya sirven de poco las nuevas explicaciones que vengan a dar.
El
tercer mayor responsable de esta culminación del populismo, son los últimos dos
gobiernos; desde los Presidentes y sus
ministros hasta los Partidos políticos los proponentes de los programas que los sustentaron. Bachelet realizó en su
primer gobierno la más importante reforma (y mejora) del sistema de seguridad
social que ha tenido Chile en los últimos casi 40 años. Pero llegó a mitad de
camino. Y en vez de completar esa reforma en su segundo gobierno, comienza el
populismo con la engañosa reforma que iba a mejorar la calidad de la educación
escolar, acogiendo la campaña del fin del lucro, y después se gasta los recursos que podrían
haber estado hoy disponibles para mejorar las pensiones en dar gratuidad para
la educación universitaria a quienes podrían pagarla. Luego viene el actual
gobierno de Piñera trayendo como prioridad, y desgastándose el primer año de
gobierno en una fracasada reforma tributaria, dejando para después y ya sin
fuerza suficiente, la reforma de
pensiones que languidece en el parlamento. Dos gruesos errores cuyas
consecuencias vemos hoy.
Comparten
este tercer lugar de responsabilidad del probable naufragio los dirigentes de
las organizaciones empresariales del país. Ellos han sido muy ciegos y
deficientes defensores del sistema económico de mercado que hemos tenido, al
haber dejado de apoyar los múltiples intentos razonables de diversos gobiernos
por corregir las deficiencias de las AFPs en el sistema previsional y de las
Isapres en salud. Debieron (y hoy debieran ser) los primeros en apoyar esas
reformas. No pueden seguir
desentendiéndose y dejar de apreciar los altos niveles de rechazo de los ciudadanos
a esas organizaciones; y las consecuencias que tendrá para ellos y para todo el
sistema económico, seguir sin hacerles reformas profundas o radicales
(incluyendo cambiar el nombre al tipo de organismos diferentes que persistan).
No
es este el momento ni lugar de recordar las reformas que son indispensables.
Están en las conclusiones de dos comisiones de alto nivel y representatividad
que se han formado últimamente. Dos de mis columnas del año pasado las dediqué
a proponer medidas para subir pensiones y dar legitimidad a un sistema que
hasta ahora nunca la ha logrado tener. Una de ellas es tratar a las
administradoras como empresas monopólicas reguladas que tengan una tasa de
rentabilidad máxima por ley. O sea, que dejen de ser empresas con fines de lucro.
Así nunca más podría decirse que “las AFPs obtienen altas utilidades con mi
plata”, como sí puede decirse hoy.
Ya
no es el momento de intentar cambiar la opinión de la gente con más datos y
conceptos, como que las tasa interés que se deja de ganar comparado con la que
se pagará, los años necesarios para recuperar lo retirado, el monto de pensión
futura, el mayor o menor impuesto a pagar por esta alternativa o la otra. Aquí
hay un gran hastío y desconfianza que no se saca nada con intentar descalificar
como irracional. Y hay también un grupo
organizado de la sociedad metódicamente aprovechando esas emociones y
percepciones para logra su propósito político: el fin del sistema capitalista,
que ellos denominan además el modelo neoliberal heredado de la dictadura. No
saldremos bien de esta coyuntura mientras la gran mayoría de quienes buscamos
un Chile pacífico, que progrese con justicia, libertad y convivencia respetuosa
no decidamos movilizarnos para participar más en el debate público y trabajar
exigiendo reformas sustantivas decididas democráticamente.
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