Reforma Laboral para más productividad: Las indemnizaciones

            La Reforma Laboral amenaza con ser otra batalla ideológica que puede terminar en mucho daño. ¿No podría reemplazarse la actual por otra más simple, con efectos positivos seguros, por corregir normas que están realmente obsoletas? Este sería el caso, si se incluyera un cambio en las que regulan las actuales indemnizaciones.

            Primero preguntémonos, ¿Qué situaciones frenan más nuestro desarrollo en el área laboral? El mes pasado, el WEF de Suiza entregó el Ranking de Competitividad Mundial,  que mide precisamente ese aspecto en muchos países. Chile este año retrocedió de nuevo, cayendo al lugar Nº35, desde el Nº22 el 2005. Ese indicador es un promedio de 15 factores. ¿En qué estamos peor? ¿Qué nos tira para abajo? Pues son Salud y Educación Primaria (Nº74) y Eficiencia del mercado laboral (Nº63). Y dentro de esto último, en “Costo despido” ocupamos lugar Nº117 entre 140 países; retrocedimos 44 puestos desde el 2007. Eso viene de la Indemnización por años de servicio que la OECD ha recomendado cambiar desde hace años. Cosas como ésta debería corregir una Reforma Laboral bien pensada y no ideologizada.

            Hoy el pago de indemnización es de un sueldo por cada año de servicio, obligatoria para las empresas que despiden a un trabajador, pero no obligatoria de pagar para trabajadores que  renuncian. Esta es una de las disposiciones más injustas de nuestra legislación económica. Es una medida que castiga a las personas más trabajadoras, creativas y emprendedoras. Castiga, por tanto, a los más capaces de crear nuevos empleos. Por esto perjudica a nuestros más pobres y jóvenes compatriotas.

Antes de seguir, digo claro que, a pesar de sus defectos, no estoy planteando eliminar completamente las indemnizaciones, ni hacerlo de la noche a la mañana. Conocemos demasiado bien el poder de algunos y el temor de otros que harían abortar reformas como éstas sin compensaciones y plazos adecuados.

Los defectos del actual sistema son cuatro. Primero, muchos trabajadores más capaces se quedan de mala gana en sus pegas, trabajando sólo lo justo, pero sin renunciar porque dejarían de percibir su indemnización. Consecuencia: menos productividad.  Incluso algunas veces el empleado llega a boicotear a su empleador para que lo tenga que despedir, y así cobrar indemnización. Los dos pierden, lo pasan mal y se reduce la productividad promedio del país. Segundo, este sistema encarece la contratación, con lo cual las empresas contratan menos trabajadores y los reemplazan por maquinarias (como en la cosecha de vinos y olivos),  porque en realidad a la firma cada operario no le cuesta sólo lo que le paga y sus imposiciones, sino también el sueldo adicional por indemnización que representa como 9% más si lo despide antes de 11 años.

El tercer y menos considerado defecto, es que el actual sistema de indemnización sólo por despido castiga al trabajador que aspira a transformarse en empresario. Porque si intentara  iniciar algo propio, por encima de todos los riesgos que está tomando, al renunciar voluntariamente a su actual empleo pierde la indemnización a que tenía derecho. ¿Qué marido o esposa la/lo va a apoyar en eso?  Y como cada nuevo empresario que surge en el país necesariamente crea más de un empleo nuevo, el país pierde con esta norma.

Desde el punto de vista de las empresas, el actual sistema es igualmente  empobrecedor  para el país. El empresario de Pyme enfrenta cada año el dilema: "Estos 10 millones que conseguí ahorrar, ¿los gasto en capacitar a mis mejores trabajadores, en contratar una asesoría para exportar o, mejor,  en la indemnización para despedir a ese trabajador que "arrastra los pies"  porque  ya no quiere seguir?"  Y generalmente la decisión es gastar en el que no se lo merece para mejorar el clima laboral, en vez de hacerlo en capacitar más a los mejores que sí lo merecen y permitirían que todos progresaran más. Por el contrario, con la indemnización a todo evento el empresario deberá mejorar más los sueldos y condiciones laborales de sus buenos operarios para evitar que renuncien.

            Con la buena voluntad de suficientes parlamentarios, esta reforma se podría   aprobar. No da este espacio para entrar en detalles. La primera condición seria respetar los derechos adquiridos por los trabajadores actuales, y  hacer esto aplicable sólo a los nuevos contratados desde que se promulgue la nueva norma. La segunda, es que se repartan los costos de la medida entre empresas y trabajadores, ampliando la indemnización a todo evento a cambio de rebajar el máximo a pagar de  11 meses a 5 o 6  meses. Y la tercera, es que tengamos parlamentarios legislando por el bien común y no por los intereses de algunos grupos para ganar así su próxima elección.

Publicado en Pag.2 de El Mercurio el 16 de Noviembre de 2015