Desigualdad, Educación y Subvención Diferenciada

Todos los candidatos presidenciales plantean invertir más en educación para reducir desigualdades. Excelente. Ahora debemos hacerlo bien. Se anticipó el Presidente Lagos enviando al Parlamento un Proyecto introduciendo la “Subvención Escolar Preferencial” que propone entregar entre $ 9.000 y $ 18.000 mensuales adicionales por alumno para las escuelas que atienden a los 400.000 niños y niñas más pobres del país. Costaría entre 80 y 150 millones de dólares anuales de mayor gasto fiscal. Muy bien… pero sólo aparentemente. Cuidado con legislar a la rápida en un tema tan complejo, en plena campaña electoral y sin consultar con quienes dirigen, financian y administran los colegios y escuelas.

El proyecto enviado por el Gobierno no se conversó con las organizaciones de responsables de los colegios subvencionados particulares ni ha sido analizado con la profundidad que merece. Aquí hay dos opciones fundamentales: Entregar la subvención al alumno (o apoderado) que es pobre o al colegio que es pobre. Y no da lo mismo elegir una u otra opción. Aparentemente el Gobierno ha optado por dar la subvención a los alumnos, pero en realidad es al colegio, porque establece importantes condiciones, controles e intervenciones a aquellos que deseen recibir alumnos pobres con subvención preferencial e incluso a quienes no lo hagan.

Las principales desventajas de entregar esta subvención adicional a colegios (en vez de a alumnos pobres) son cuatro:
1.- Es más difícil de administrar: Habría que definir como “pobre” el establecimiento que tiene más de x% de alumnos pobres o alguna otra. Pero con esa definición se dejará de beneficiar a muchos niños pobres que van o podrían ir a colegios no pobres.
2.- Es probable que la subvención entregada a la escuela definida como pobre termine reemplazando otros aportes municipales, mensualidades de los padres, donaciones u otros. Al final los alumnos no contarán con más medios ni educación mejor.
3.- Gracias a ese aporte podrán subsistir escuelas pobres que sería mejor cerrar. En sectores rurales más conviene reemplazar escuelas por buses escolares para llevar los niños a la escuela del pueblo cercano. Le saldría más barato al país cerrar esas escuelas chicas y malas, y los niños tendrían superior educación.
4.- La subvención adicional a las escuelas puede destinarse a elevar sueldos de profesores y a otros gastos que no necesariamente mejoren su calidad educativa. Eso ya ha sucedido antes (Proyecto Montegrande). Algunos dirán que puede evitarse con controles del Ministerio, pero lo dudo.

La subvención entregada directamente a los alumnos pobres sería más efectiva para mejorar el aprendizaje. No tiene ninguna de las desventajas de la subvención al colegio pobre y además tiene otras ventajas:
1) Se favorece la integración de niños pobres a colegios con alumnos no pobres.
2) Los colegios con más medios se esforzarán por atraer como alumnos a niños/as pobres porque “traerán su marraqueta”: ingreso adicional para el colegio.
3) Los niños pobres accederán a colegios de mayor calidad con mejores resultados SIMCE, y no quedarán limitados a ir a los colegios de sus barrios pobres.
4) Al acceder a colegios con más medios, éstos tenderán crear programas especiales de reforzamiento pedagógico para retener a los niños pobres.
5) Aumenta el número de colegios no-pobres dispuestos a matricular alumnos pobres.

Pero la subvención al alumno pobre también tiene desventajas: Algunos colegios podrían a atraer alumnos en base a propaganda falsa y no darles mejor educación. Aparentemente por esto el Ministerio habría optado por la subvención adicional a condición que la escuela pobre firme un exigente “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”.

Esto puede significar más burocracia e inspectores y no mejor educación. De nuevo el intento de dirigir las escuelas desde la cúpula del Estado. ¿Por qué mejor no concentrarse en los alumnos y en sus resultados educativos? ¿Por qué no dar más responsabilidad a los apoderados, informándolos bien? En vez de focalizarse en escuelas, convenios, reglamentos y controles, sería mejor que la única condición sea que, a cambio de la subvención adicional, el alumno beneficiado debe superar un cierto puntaje en la prueba SIMCE. Que el Ministerio informe de ese puntaje por carta a cada alumno, apoderado y colegio, y les dé plazo de 3 o 4 años para superar el mínimo. Si al cabo no supera ese nivel, simplemente pierde su Subsidio Diferencial en el colegio donde estaba. Con esa política centrada en los alumnos, en la responsabilidad de los padres y madres y con un Estado que disemina información y aporta recursos contra resultados de los propios alumnos, efectivamente podremos obtener mejor educación para los chilenos más pobres.

Nota publicada en EL Mercurio, 28-11-05.