Condena a muerte de subvencionados laicos

                  El Gobierno ha enviado al final sus últimas correcciones (indicaciones) a su primer proyecto para reformar la educación. La mayoría de la gente está confundida, no entiende en qué consiste,  para dónde va ni quién tiene razón. Me preguntan que opino yo que estoy metido en el sector.

Mi respuesta es que estoy profundamente decepcionado de que un Gobierno progresista y libertario, por el que yo voté, termine insistiendo en terminar con la educación escolar de particulares para los pobres con dinero del Estado. Lo mismo que se hace en muchos otros sectores,  no se podrá hacer para proveer educación sin ser considerado un delincuente.

He revisado  las indicaciones entregadas por el Gobierno  y opino que el Gobierno decreta el fin de los colegios particulares subvencionados no religiosos. Establece su muerte lenta en 20 años sin compensar por lo invertido y aportado por ellos a la sociedad,  excepto que el Estado decida adquirirlo como único comprador a un precio fijado por él mismo.   Las consecuencias de semejante arbitrariedad no pueden sino ser una enorme pérdida para el país.

Hay “avances”, como se ha dicho, pero sólo  para el sector de educación ligada a la Iglesia. Para la educación particular subvencionada laica es el fin por agonía lenta.

Los colegios laicos, que son la mitad de la matrícula de los casi 6 mil colegios particulares subvencionados, van a desaparecer por la vía de cerrarse o ser adquiridos para ser administrados por el Estado. Los que creen que eso no ocurrirá se equivocan; será cosa de tiempo. La consecuencia será más establecimientos administrados como los municipales de hoy.  Por eso,  las aparentes “concesiones” que hace el Gobierno, como  declarar a los privados como “cooperadores del Estado en la prestación del servicio” en vez de “administradores”,  son solo un cambio semántico para intentar apaciguar apoderados; una cubierta dulce para la píldora letal.  A su vez, extender el copago por unos años, siendo fijado por el Ministerio,  y permitir  la postulación en los colegios en vez de la obligación de hacerlo centralizadamente en el Estado, son concesiones menores al lado de condenar a muerte a los colegios no religiosos.

Esta negativa propuesta  del Gobierno  llevará  a un desgastante conflicto político-ideológico para aprobarse.  Y probablemente terminen en el Tribunal Constitucional por discriminar entre entidades análogas.  Después se traducirá  en interminables juicios en los tribunales por demandas de los damnificados por las expropiaciones o compra-ventas obligadas de colegios  por el Estado a precios inferiores al de mercado.

Todo esto llevará a  desaliento, incertidumbre y paralización de inversiones e innovaciones que repercutirá negativamente sobre la enseñanza de muchos establecimientos subvencionados que lo hacen bien, y sin agregar nada para que los colegios actualmente  deficientes lo hagan mejor. Habrán logrado quitarle los patines a los que todavía patinan,  para dejar más niños sin aprender a patinar.

  

Ernesto Tironi B.

Publicado en El Mercurio,  10 de Septiembre 2014